El presidente de TECNIBERIA, Joan Franco, ha participado en el Especial Infraestructuras de ABC Economía, «El reto de dar forma al futuro desde un presente colmado de incertidumbre», publicado el domingo 12 de marzo.
Joan Franco señala que la apuesta de continuidad en las infraestructuras ha de estar basada en cuatro pilares: «La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial». Y a través de estos pilares se deben conseguir distintos retos, entre ellos «colocar a las personas en el centro neurálgico de las decisiones inversoras, la necesidad de descarbonizar el planeta, equilibrar las cuestiones demográficas y a través de la irrupción de la digitalización y nuevas tecnologías, ofrecer soluciones más eficientes, más sostenibles y más adaptadas a la demanda».
La pandemia mundial ya dejó al sector un encarecimiento de los suministros energéticos, así como de determinadas materias primas. «La guerra de Ucrania ha agravado esta situación, afectando seriamente a los precios, a través de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea así como por la reducción progresiva de la dependencia energética de Rusia», indica Joan Franco, presidente de Tecniberia. Asegura que los precios de muchos servicios que emplean las empresas, de los materiales y de la energía siguen siendo muy superiores a los de 2020 poniendo en peligro el cumplimiento de los contratos. «A esto hay que añadir que el nuevo convenio del sector firmado recientemente supondrá alzas en los salarios en consonancia con la inflación creciente. Las cláusulas de revisión de precios tienen su origen en el interés público para evitar que los incrementos imprevisibles y desproporcionados de los contratos no permitan su ejecución», matiza.
Previamente, en los contratos de servicios, como los de ingeniería y arquitectura, se permitía la cláusula de revisión de precios, cláusula que ahora ya no se permite. «Es fundamental corregir esta desviación en los precios, actualizando los presupuestos iniciales de los contratos e incluyendo cláusulas de revisiones de precios, dado que producen efectos perjudiciales en la estabilidad económico-financiera de las compañías del sector y, por consiguiente, en la economía nacional», añade.
Sobre las medidas de excepción que el Gobierno planteó para mitigar esta subida de precios en el sector, como la revisión al alza de los precios de los contratos públicos, Joan Franco afirma que «desde el punto de vista de las empresas españolas de ingeniería y arquitectura, hemos de avanzar mucho más en la corrección y actualización de los precios iniciales de los contratos. Es fundamental reconocer el carácter intelectual de la labor desarrollada por las empresas de ingeniería». No puede ignorarse que el coste del trabajo depende de las personas que lo realizan (ingenieros, arquitectos, profesionales STEM,…), del tiempo que le dedican y de un factor de organización que cubre los gastos generales, formación, innovación y puesta al día del conocimiento de la empresa.
Cree que una medida adecuada en este sentido sería alinearse con los criterios adoptados por los Contratos para las Acciones Exteriores de la Unión Europea y los de los Organismos Multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo y las Agencias Nacionales de Ayuda al Desarrollo ( francesa, alemana, británica, etc.). «En los que la adjudicación de los contratos se fundamenta en el conocimiento técnico y en menor medida, el 20%, en la propuesta económica», indica Franco.
Los fondos europeos pueden convertirse en la palanca decisiva para la transformación de las infraestructuras. Pero, hasta el momento, tan sólo el 6,7% de estos fondos Next Generation se han destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 millones de euros de los 173.525 totales, pese a su efecto multiplicador en la actividad económica y el empleo. En cuanto a su impacto sobre las empresas de ingeniería «se deriva fundamentalmente del incremento de licitación pública para la creación de infraestructura pública y de la dotación de transferencias al Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana destinadas al sector privado», explica Joan Franco. Y aun considerando reducido el volumen de subvenciones del programa Next Generation, «estimamos que ha incidido de manera positiva en la inversión de infraestructura pública. Existe, asimismo, un retraso en la ejecución de las inversiones que obligará a modificar los plazos de ejecución más allá del 2026».
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