Inés Ferguson, directora de promoción internacional de TYPSA y experta en Ayuda Externa del Comité Internacional de Tecniberia. (Artículo publicado en El Economista).
Desde que en 2005 la Comisión Europea firmara el Acuerdo de París para coordinar los Fondos de Cooperación al Desarrollo con los Estados miembros, la cooperación como fuente de contratos para empresas españolas en países emergentes y en desarrollo ha ido disminuyendo hasta el punto de volverse irrelevante. Al creciente protagonismo de las agencias e instituciones de desarrollo de los Estados Miembros que pueden gestionar fondos europeos directamente a través de la cooperación delegada, se suma la introducción de nuevos instrumentos financieros como la financiación combinada o blending. Este instrumento es especialmente relevante para las ingenierías porque utiliza las donaciones europeas como catalizador de financiación internacional hacia proyectos de inversión en infraestructura, energía, y ciudades en países de rentas más bajas, y ha ido ganando peso en la Cooperación Europea desde 2007.
En los últimos años a través del blending, y sin participación española, se han llevado a cabo proyectos tan importantes como las centrales hidroeléctricas de Ruzizi en Ruanda y de Itezhi Tezhi en Zambia, los parques eólicos del Lago Turkana en Kenia y de El Zayt en Egipto, el corredor de Beira (Mozambique), la autopista East-West (Georgia), el Tranvía de Rabat (Marruecos), las secciones prioritarias de la alta velocidad de la ciudad de Túnez, y la fase III del Metro de El Cairo en Egipto.
La promoción de empresas en países emergentes debe ser una cuestión de Estado
Este nuevo contexto, marcado además por la exigencia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de atraer inversión privada a países menos favorecidos, requiere de una institución financiera sólida que represente y defienda los intereses españoles en su interlocución con la Comisión Europea, las instituciones de los Estados Miembro, los Bancos de Desarrollo y otros organismos multilaterales.
En Francia y Alemania, la promoción y el posicionamiento de sus empresas en mercados emergentes y en desarrollo ha sido una cuestión de Estado desde hace más de una década y han ido construyendo instituciones financieras de desarrollo que son hoy en día las más importantes de Europa, posicionándose la francesa incluso por delante del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
En España hay tres instituciones homologadas para gestionar fondos europeos, AECID, COFIDES y FIIAP, aunque solamente las dos primeras pueden participar en los instrumentos blending. La falta de capacidad y de coordinación interinstitucional hacen que los fondos asignados a estas instituciones españolas sean muy escasos y no hayan tenido repercusión en el tejido empresarial español. En este sentido, la creación de una institución financiera española para el desarrollo garantizaría la coherencia y la coordinación entre las instituciones implicadas, y permitiría además generar proyectos y movilizar inversión de las empresas españolas hacia países de América Latina, África, Asia y Oriente Medio.
En este momento, las ingenierías españolas no tienen un cliente institucional español con el que colaborar en estas áreas geográficas tan amplias, y tampoco existen fondos públicos para identificar y desarrollar proyectos estratégicos. Esto supone una pérdida de competitividad frente a otros países con los que compiten, como Francia, Alemania, Japón o Reino Unido, cuyas instituciones de desarrollo se apoyan en sus ingenierías para preparar proyectos en países emergentes y en desarrollo que movilizan a toda la cadena de valor.
Confiamos en que el nuevo Gobierno considere esta cuestión como prioritaria, y comience a dar forma a una institución financiera española que impulse el posicionamiento del sector privado español en países con grandes necesidades de inversión en sectores en los que las empresas españolas tienen una posición de liderazgo que resulta cada vez más difícil de mantener. Es urgente recuperar el tiempo perdido y adaptar nuestras instituciones e instrumentos a la cooperación del siglo XXI.
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